El tipo baja del 8% al 4%, estará en vigor hasta diciembre y persigue facilitar que las entidades financieras den salida a su abultada cartera inmobiliaria

 

La recuperación de la economía española tiene dos talones de Aquiles, o uno, según se mire: la banca y el ladrillo. La primera, atrapada por los 65.000 millones que acumula en activos inmobiliarios (suelo y vivienda) no insufla el crédito necesario para que la actividad reflote. Así que ayer el Gobierno trató de matar dos pájaros de un tiro. Decretó una rebaja del IVA del 8% al 4% por la compra de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre. Con la medida se trata de estimular el deprimido mercado inmobiliario, se adelantan decisiones de compra y llega liquidez a los balances de cajas de ahorro y bancos en un momento en que los mercados del dinero se están cerrando. "Es una medida excepcional y coyuntural", justificó la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, antes de confesar que contribuirá a "descargar" las abultadas carteras de pisos de las entidades financieras.

Para el CERMI, esta esta medida supone un avance para el objetivo de la accesibilidad universal.

El Real Decreto-ley 8/2011, aprobado en Consejo de Ministros el 1 de julio, incluye medidas de impulso a la rehabilitación, entre las que se incluye la obligatoriedad de la Inspección Técnica de Edificios en inmuebles con una antigüedad superior a 50 años que estén situados en municipios de más de 25.000 habitantes. Esta inspección incluirá la evaluación de la adecuación de los edificios a las condiciones legalmente exigibles de  accesibilidad, según ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).